Corte Suprema interrumpe aportaciones económicas para apoyos estudiantiles y asociación judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió las transferencias de dinero que beneficiaban a una fundación universitaria y a una organización de servidores judiciales, dejando sin financiamiento a cientos de alumnos distinguidos de la Facultad de Derecho. La instancia judicial, consultada sobre el asunto, aclaró que la resolución de suspender los apoyos se tomó en 2025 por una insuficiencia presupuestal y que se mantendrá vigente durante el presente año.

Montos y destinatarios de las aportaciones

Según registros de Transparencia, la Universidad Nacional Autónoma de México percibió una cantidad de siete millones de pesos durante 2024 para apoyar a estudiantes con becas, al tiempo que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia captó 3.4 millones de pesos en el mismo lapso. En conjunto, ambas entidades obtuvieron en años recientes un monto total de 32.5 millones de pesos provenientes del Máximo Tribunal.

Desde 2022 hasta 2024, la Fundación UNAM fue respaldada con 21.8 millones de pesos, mientras que la Asociación, compuesta por altos funcionarios judiciales como ministros, jueces y magistrados, recibió 10.7 millones. Los más perjudicados resultan ser los educandos cuyas becas llevaban los nombres de “Independencia Judicial” y “Estado de Derecho”, quienes percibían dos mil doscientos pesos cada mes.

Convenios y contexto del recorte

El acuerdo más reciente fue rubricado por la entonces presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, y el rector Leonardo Lomelí, en octubre de 2024, estableciendo que los fondos estaban condicionados a la existencia de recursos presupuestarios. Para 2025, después de la reforma judicial, la SCJN enfrentó el recorte más grande de su trayectoria, lo que forzó la interrupción de estas donaciones. A partir del primero de septiembre, con la nueva conformación de ministros electos por voto ciudadano, el presupuesto para 2026 tampoco incluyó estas partidas.

La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que había obtenido 10.7 millones, incluía en su consejo directivo a personalidades como el ministro Jorge Mario Pardo y la consejera Eva Verónica de Gyves. La renovada Suprema Corte indicó que la reducción de fondos se originó desde la administración de Norma Piña por la carencia de presupuesto, siendo el último trimestre de 2024 el momento de la última transferencia de recursos.