Educación
Argentina: incremento salarial de funcionarios contrasta con recorte histórico en universidades públicas
En Argentina, el aumento de salarios cercano al 100% para ministros y altos funcionarios del gobierno contrasta drásticamente con la reducción presupuestal y la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan las universidades públicas nacionales.
Detalles del decreto y su impacto
El Decreto 931/2025 oficializó un incremento salarial de aproximadamente el 100% para ministros, secretarios y subsecretarios estatales. Como consecuencia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe ahora casi 7 millones de pesos mensuales, una cifra que duplica los 3.5 millones que recibía un ministro antes de este ajuste.
Mientras tanto, las casas de estudio superiores públicas experimentan una disminución del 45.6% en términos reales de las transferencias estatales entre 2023 y 2026, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los recursos para gastos básicos como luz y mantenimiento equivalen actualmente solo al 40% de su valor en 2023.
Efectos en la comunidad universitaria
La brecha entre los aumentos salariales de la cúpula gubernamental y los de los docentes universitarios es significativa. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios del sector universitario subieron un 158%, muy por debajo de la inflación acumulada del 280%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 32%.
Programas esenciales están al borde del colapso: el presupuesto para ciencia y técnica opera con apenas el 38% del monto de 2023, la extensión universitaria recibe solo el 1%, y las becas Progresar funcionan con el 26% de los fondos anteriores, una caída real superior al 95%. Además, no hay financiamiento para infraestructura universitaria.
Acciones legales y conflicto con la ley
El gobierno no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, la cual garantizaba un presupuesto mínimo actualizado por inflación, salarios docentes y becas. En su lugar, presentó un nuevo proyecto que reemplaza la recomposición retroactiva por aumentos escalonados del 4.1% y elimina la actualización automática por inflación.
Ante esta situación, el CIN interpuso un amparo y el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar por considerar que existía “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
