IPN enfrenta cifra histórica de denuncias por abuso de autoridad de docentes hacia estudiantes

Durante el año 2025, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió 111 quejas por abuso de autoridad por parte de profesores, marcando la cifra más alta registrada en los últimos seis años y superando en 89 casos la cantidad reportada en 2024.

Un incremento sin precedentes

La información, obtenida mediante solicitudes de transparencia, revela que estas denuncias superan incluso el total acumulado de los cinco años anteriores, periodo en el que la Defensoría de los Derechos Politécnicos documentó 101 quejas por conductas similares. Las acusaciones involucran a docentes de nivel medio, superior y posgrado, aunque la institución no especificó su distribución entre estos.

El IPN define el abuso de autoridad o acoso subordinado como el uso indebido de una posición de poder para obtener beneficios personales, mediante acciones que violan el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno y que pueden derivar en hostigamiento hacia el alumnado. Esta categoría también abarca conductas asociadas con violencia de género.

Casos concretos y procesos cuestionados

Estudiantes de diferentes escuelas del Politécnico han expresado que los procesos de queja resultan en gran medida ineficaces. Además, denuncian que algunos profesores amenazan a los alumnos para disuadirlos de presentar denuncias, incluso condicionando sus calificaciones.

Uno de los casos documentados involucra a una profesora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 10 “Carlos Vallejo Márquez”. Según el testimonio de un alumno, la docente solicitaba dinero, principalmente a estudiantes hombres, a cambio de aprobar la materia, y diseñaba las evaluaciones para inducir al soborno. El estudiante señaló que interpuso una queja ante la Defensoría, la cual fue desechada.

Otro caso, denunciado el año pasado por una alumna del mismo centro, acusa a una profesora de obligar a los estudiantes a adquirir material fuera de su presupuesto. La estudiante, que pidió mantener su anonimato, relató que la maestra también pedía dinero para comprar libros que nunca eran entregados y prohibía el uso de copias, buscando un beneficio económico.

“Metimos la denuncia con todo, siguiendo cada paso, con pruebas, con testigos, lo que nos pidieron, y lo único que pasó fue que llegamos hasta el punto en que le iban a notificar a la maestra. Eso fue todo. Hasta ahí llegó. Porque después de eso… nada”, afirmó.

La alumna atribuyó este resultado a un encubrimiento institucional, señalando que la profesora contaba con la protección de la oficina de gobierno del CECyT.

Abusos que van más allá de lo económico

Otros estudiantes describieron que los abusos de autoridad en la institución pueden manifestarse como reducciones arbitrarias de calificaciones, decomiso de teléfonos celulares al ingresar al aula o presiones económicas para aprobar asignaturas.

Una estudiante del CECyT 11 “Wilfrido Massieu” presentó una denuncia por acoso subordinado contra un profesor, acusándolo de conductas machistas y discriminatorias por razón de género.

“Lo denuncié porque había comportamientos y comentarios misóginos y machistas contra mí, los cuales exponía ante el grupo. Me decía que ‘yo necesitaba de un hombre para que me supiera comportar’”, relató.

La alumna indicó que en algunas clases el docente mostraba imágenes pornográficas de mujeres y hacía comentarios sobre sus cuerpos frente al grupo, llegando a expresar frases como “Ella ya está muy usada”. Reconoció que algunos jefes de área y directivos respaldaron su denuncia y facilitaron el proceso.

Sin embargo, denunció que el profesor fue protegido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debido a su categoría laboral, por lo que la única medida aplicada fue su cambio de plantel.

Mecanismos institucionales bajo la lupa

La Defensoría de los Derechos Politécnicos detalló que su protocolo de atención para estos casos consta de cuatro etapas: primer contacto u orientación, presentación de la denuncia y activación del protocolo, implementación de medidas de protección y, finalmente, deliberación y resolución.

El IPN declaró que, mediante campañas de concientización, promueve una cultura de denuncia segura y ofrece diversas plataformas para que las personas afectadas presenten sus quejas. Aseguró que la Defensoría da seguimiento a los casos detectados para emitir las sanciones correspondientes.

No obstante, Valeria Mondragón, abogada de derechos humanos que ha acompañado casos de estudiantes del IPN, señaló que los mecanismos institucionales pueden resultar revictimizantes. Explicó que la falta de una separación inmediata del profesor denunciado obliga a las víctimas a continuar en contacto con él, agravando la situación. Además, mencionó que en una de las Comisiones de Honor del instituto, uno de sus integrantes enfrenta acusaciones por violencia de género, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad de estos órganos.