Estudio revela que un tercio de las becas educativas se destinan directamente a gastos escolares

Una investigación sobre el programa federal de becas Benito Juárez, basada en datos oficiales de 2024, indica que únicamente el 35.3% del dinero entregado a estudiantes de niveles básico y medio superior se utiliza específicamente para fines educativos. El resto de los recursos se canaliza a otras necesidades familiares como alimentación, vestido, ahorro y comunicaciones.

Ausencia de mecanismos de seguimiento

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez admitió, mediante una respuesta a una solicitud de transparencia, que no dispone de métodos para rastrear o verificar el destino específico de los apoyos económicos otorgados a los beneficiarios. La institución señaló textualmente: “Esta coordinación nacional no realiza ni cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria le otorga a los recursos recibidos, por lo que no es posible detallar de manera individual los bienes o productos adquiridos con dichos apoyos”.

El análisis, titulado ‘Estudio sobre el uso de las becas para el Bienestar Benito Juárez’, fue elaborado hace dos años por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de la misma coordinación. Según sus hallazgos, después del rubro educativo, los gastos más comunes son alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), ahorro (10.3%) y comunicaciones (7.8%). Un 0.3% se reportó destinado a alcohol y tabaco.

Transición a un nuevo programa y testimonios

A partir del ciclo escolar 2025-2026, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez comenzó a sustituir de manera gradual a las becas Benito Juárez en el nivel básico, iniciando con secundaria. Para el año 2025, el monto base establecido fue de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un incremento de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito en el mismo nivel educativo.

El estudio recopiló información de 507 participantes en 35 escuelas prioritarias de 13 estados del país. Los padres de familia encuestados opinaron que la beca es un factor clave para que sus hijos continúen o terminen sus estudios, ya que les permite cubrir gastos como artículos escolares, libros, uniformes o inscripciones.

Diversos testimonios de estudiantes becarios a lo largo del país, desde Hidalgo hasta Chiapas, ilustran el uso variado de los recursos. Algunos, como Jonathan Calva de Hidalgo, mencionan usarla para libros y ropa; otros, como Camila de Veracruz, la destinan a pasajes y útiles; y casos como el de Adrián Cruz Treviño de Nuevo León relatan haberla invertido en un negocio familiar para financiar sus estudios.

Análisis de especialistas y contexto estructural

Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, advirtió que los resultados del estudio no son representativos a nivel nacional y deben leerse como aproximaciones, ya que reflejan el gasto general de los hogares y no el destino preciso de cada peso. Explicó que la metodología, basada en encuestas de ingreso y entrevistas, es válida pero no permite un rastreo detallado.

Ruiz subrayó que los datos muestran más una integración de la beca al gasto familiar que un ‘mal uso’ de los recursos. Argumentó que el problema de fondo es la falta de claridad en los objetivos del programa y la carencia de mecanismos de evaluación adecuados. Señaló que las becas han pasado de ser una política educativa estricta a funcionar como una política social de transferencias monetarias.

El académico Horacio Martínez, del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, criticó la falta de una ‘teoría del cambio’ en el diseño del programa. Consideró inadmisible que, si el objetivo declarado es garantizar la permanencia escolar, el Estado no sepa si la transferencia realmente mejora las condiciones educativas de los becarios.

Distribución según nivel educativo y vulnerabilidad

Los datos también revelan diferencias en el destino del gasto según el nivel educativo y el contexto socioeconómico. En los hogares más vulnerables, el gasto se concentra en alimentación, mientras que en niveles educativos más avanzados, como la educación superior, aumenta significativamente la proporción destinada a transporte, pasando de alrededor del 16.7% en educación básica a más del 21%.

Fernando Ruiz concluyó que esta distribución refleja las desigualdades estructurales y distintas presiones económicas, más que decisiones individuales de los beneficiarios. Enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y diseñar políticas más claras y orientadas a resultados, que consideren apoyos diferenciados, como para transporte, especialmente en zonas de mayor pobreza.