UNAM enfrenta crisis de confianza tras anomalías en examen de admisión en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las inscripciones a licenciatura una semana después de publicar los resultados de su examen de admisión, no por tener pruebas de fraude, sino por no poder demostrar quién aprobó legítimamente y quién no. La decisión, anunciada el 24 de julio de 2026, afecta a miles de aspirantes que ahora deberán volver a presentar la prueba para conservar su lugar.

El 17 de julio se dieron a conocer los resultados del primer examen completamente en línea para el sistema escolarizado. Siete días después, la máxima casa de estudios detuvo el proceso de inscripción al detectar anomalías estadísticas significativas que ponían en duda la validez de las calificaciones obtenidas.

Las cifras que detonaron la crisis

Una Comisión Técnica de 16 integrantes, instalada por el rector Leonardo Lomelí el 27 de julio y presidida por el doctor Eduardo Bárzana García, presentó su primer informe cuatro días después. Los datos revelaron que el 16.3 % de los más de 158,000 aspirantes superó los 100 aciertos, cuando en los cinco años anteriores ese porcentaje era de solo 3.5 %. Nueve aspirantes a médico cirujano obtuvieron calificación perfecta, y los puntajes mínimos para ingresar a carreras como Medicina y Ciencias de la Comunicación se elevaron drásticamente.

El análisis, que cualquier actuario de la Facultad de Ciencias pudo haber realizado con los datos disponibles desde el momento de la calificación, evidenció que el proceso no estaba diseñado para ser cuestionado. La anomalía estadística no demuestra fraude masivo, pero sí que la Universidad perdió la capacidad de sostener sus propios resultados.

Una plataforma de supervisión sin capacidad de prueba

La plataforma contratada para el examen incluía reconocimiento facial continuo, grabación de video y audio, bloqueo del navegador y detección de comportamientos inusuales con inteligencia artificial. Sin embargo, cuando fue necesario defender los resultados, la UNAM solo pudo cancelar alrededor del 2 % de los exámenes por casos flagrantes de trampa.

El problema no fue la falta de supervisión en tiempo real, sino la ausencia de un sistema que permitiera reconstruir y probar la legitimidad de cada resultado después del proceso. La institución compró vigilancia, pero asumió que la evidencia venía incluida, una confusión que el experto en ciberseguridad Andrés Velázquez denomina ‘certeza digital’.

La decisión sobre el nivel de certeza requerido para el examen se tomó como un asunto operativo y técnico, delegado a niveles inferiores, sin que los responsables finales del proceso estuvieran al tanto de las implicaciones. Esta falla en la cadena de responsabilidad es comparable a la de una organización que descubre, tras un incidente de seguridad, que alguien firmó una excepción de protección para datos críticos sin que el director supiera de su existencia.

El costo de la duda recae en los inocentes

La crisis ha puesto de manifiesto que, cuando una institución no puede probar la integridad de un proceso, el costo de la duda se distribuye entre quienes actuaron correctamente. Los aspirantes que obtuvieron su lugar legítimamente ahora deben presentarse de nuevo a un examen presencial para defenderlo, mientras que quienes hicieron trampa ya lograron su objetivo o lo perdieron.

La respuesta de la UNAM, aunque correcta, ha sido reactiva. La Universidad acudió a la fiscalía el 3 de julio, publicó resultados el 17, suspendió inscripciones el 24, instaló la comisión el 27 y entregó el primer informe el 31. Cada movimiento fue una reacción a la presión del momento, no una acción anticipada. La institución, que había tenido siete meses para diseñar el proceso desde la publicación de la convocatoria en enero, se encontró decidiendo bajo presión frente a padres de familia, protestas y preguntas en la conferencia matutina presidencial.

Una lección para la digitalización en México

El caso de la UNAM es una advertencia para todas las instituciones mexicanas que están digitalizando procesos críticos como expedientes clínicos, identidad, trámites patrimoniales o procesos electorales. En cada uno de estos casos se está tomando la misma decisión que tomó la Universidad: cuánta certeza necesita el proceso. Y en la mayoría, se está delegando como un asunto técnico, confiando en que el proveedor sabe lo que hace.

La lección principal es que la responsabilidad sobre el resultado de un proceso digital no se puede contratar. El proveedor enfrenta, en el peor de los casos, una sanción o la pérdida del contrato; la institución enfrenta la pérdida de su palabra. La frontera entre lo que el tercero hace y lo que la institución retiene es el punto exacto donde se rompen los procesos digitales.

La solución no requiere nueva tecnología, sino un cambio en la cadena de firma de las decisiones. Cualquier proceso digital que produzca un resultado disputable debe ser aprobado con una respuesta escrita a una sola pregunta: con qué se defenderá ese resultado el día que alguien lo impugne. Si la respuesta cabe en un párrafo, hay certeza. Si remite a un anexo técnico que nadie leerá, no la hay.