Pentágono exige a 30 universidades de Estados Unidos auditar sus lazos con China para proteger seguridad nacional

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha instruido a 30 instituciones de educación superior del país para que realicen una auditoría exhaustiva de sus conexiones académicas, financieras y de investigación con 130 entidades extranjeras. La medida, que pone en la mira principalmente a instituciones de China, busca prevenir que investigaciones financiadas con recursos públicos estadounidenses sean transferidas de forma ilícita. Las universidades tienen como fecha límite el 31 de agosto para completar este proceso, so pena de perder el acceso a futuros fondos federales destinados a la investigación.

Aunque el Pentágono no ha hecho pública la lista completa de las universidades estadounidenses afectadas, autoridades confirmaron que centros de alto prestigio como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad Johns Hopkins se encuentran entre las instituciones notificadas. También se han mencionado nombres como Cornell, Georgetown y Penn State dentro de este esquema de revisión.

Riesgos de seguridad y transferencia tecnológica

La orden gubernamental se fundamenta en una lista de 130 centros de estudio y organizaciones internacionales que, según el gobierno estadounidense, realizan actividades que elevan el riesgo de apropiación indebida de proyectos de desarrollo y ciencia. De este grupo, 88 corresponden a China continental, mientras que el resto incluye entidades de Rusia e Irán.

El objetivo central es evitar que la propiedad intelectual y las tecnologías sujetas a controles de exportación sean vulneradas a través de las colaboraciones internacionales. Al respecto, Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, fue tajante al señalar:

“El Departamento de Guerra tiene tolerancia cero con las asociaciones académicas que comprometan nuestra seguridad nacional”

Contexto político y tensiones internacionales

Esta acción se enmarca en la política de la administración de Donald Trump para limitar el intercambio científico y tecnológico con naciones consideradas adversarias. Bajo esta lógica, se busca evitar que las alianzas universitarias sirvan como canales para que otros países accedan a conocimiento estratégico desarrollado con dinero del contribuyente estadounidense.

La medida no ha estado exenta de controversia. Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education, expresó su preocupación al indicar que la forma en que el Pentágono comunicó la orden podría dar a entender que las universidades han cometido irregularidades sin que existan pruebas que lo sustenten. Por otro lado, la representación diplomática de China en Washington criticó la decisión, acusando a Estados Unidos de politizar la educación y de mantener una “mentalidad de Guerra Fría”.

Actualmente, la disputa subraya la creciente rivalidad entre Washington y Beijing por el control de las tecnologías estratégicas y el conocimiento científico global.