Investigan al rector de la Universidad de La Guajira por presunta vinculación con un cartel de narcotráfico

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, es objeto de una investigación judicial que lo señala como el presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico en la región. Según informes de la Fiscalía que han sido compartidos con la DEA, el académico, conocido con el alias de “Kaloy”, utilizaría su posición como funcionario público para financiar y coordinar operaciones de tráfico de estupefacientes.

El expediente, que las autoridades estadounidenses denominan “Cartel de La Guajira”, detalla cómo esta red transnacional opera desde diversas ciudades colombianas para enviar sustancias hacia Estados Unidos y Europa. De acuerdo con las investigaciones, parte de la droga es transportada hacia México con el fin de abastecer al cartel de Sinaloa.

Alcance de la red criminal y vínculos institucionales

Las indagatorias han revelado un complejo entramado donde se involucran no solo miembros de la comunidad académica, sino también servidores judiciales y funcionarios públicos. La Fiscalía sostiene que la organización ha aprovechado estas fachadas para operar sin ser detectada, integrando incluso a personas con acceso a información sensible de investigaciones en curso.

Los testimonios recabados a través de acuerdos de colaboración y principios de oportunidad han sido piezas clave para construir el organigrama de la organización. En este esquema, se señala que el rector Robles desempeñaría un papel central en la logística de compra y envío de las sustancias ilícitas.

Presuntas irregularidades y procesos de corrupción

Además de las acusaciones por narcotráfico, el presidente Abelardo De La Espriella ha solicitado que se investiguen posibles actos de corrupción que involucran la gestión del rector. La denuncia se centra en la adquisición irregular de un terreno donde la Universidad de La Guajira resultó vinculada, señalando presuntas alteraciones en los avalúos y porcentajes durante la transacción.

Ante la gravedad de estos hechos, el Ministerio de Educación ha solicitado a la Fiscalía una asignación especial para acelerar el esclarecimiento de la compra del predio. Por su parte, la DEA ha emitido memorandos advirtiendo sobre el uso de propiedades y comercios para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

A pesar de que la investigación inició en 2023 y cuenta con varios procesados y extraditados, Carlos Arturo Robles continúa ejerciendo sus funciones en la institución, donde recientemente fue reelegido para un nuevo periodo de cuatro años tras haber cumplido más de 14 años en el cargo.