Educación
Gobiernos estatales presionan la autonomía y las finanzas de universidades autónomas en México
Diversas universidades autónomas estatales en México atraviesan una crisis marcada por la falta de recursos, problemas de inseguridad y constantes intentos de intervención por parte de las administraciones locales para influir en la elección de sus rectores. Estas acciones, que buscan imponer perfiles afines al poder político, representan una amenaza directa a la autonomía universitaria y a la libertad de sus comunidades académicas.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reportó que al menos cinco instituciones han sufrido intentos de injerencia mediante cambios en sus leyes orgánicas o reglamentos internos. Según Luis González Plascencia, secretario general de la ANUIES, los congresos estatales han intentado modificar la normativa para incidir en los nombramientos de las autoridades universitarias durante los periodos de transición de rectorías.
Crisis presupuestal y control político
La vulnerabilidad de estas instituciones se agrava por su dependencia financiera. Aunque para 2027 se autorizó un incremento del 3.2% en el presupuesto para universidades públicas estatales, la ANUIES advierte que este aumento es insuficiente frente a la inflación y no cubre las necesidades de mantenimiento, contratación docente y operación, considerando que el 80% de los fondos se consume en nóminas.
La falta de pago por parte de los estados también es un problema crítico. Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que 14 gobiernos estatales adeudan un total de 1,728 millones de pesos a 23 universidades públicas. Esta situación genera una relación de subordinación, donde los gobiernos condicionan el apoyo económico a la aprobación de reformas internas o a la elección de perfiles que les sean favorables.
Casos de intervención en Michoacán y Campeche
En Michoacán, el Congreso estatal aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que posterga hasta 2031 el voto universal de la comunidad para elegir rector. La rectora Yarabí Ávila denunció que esta medida fue arbitraria y busca facilitar la imposición de perfiles cercanos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“Hemos logrado el voto en la comunidad universitaria, pero el Congreso del Estado, de manera arbitraria, de manera inquisitiva, ha eliminado esta posibilidad”
Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), la comunidad denunció una estrategia de presión tras la detención del rector José Alberto Abud Flores en enero de 2026, justo antes de su reelección. El exrector, crítico de la gestión de la gobernadora Layda Sansores, acusó al gobierno de utilizar la seguridad pública para desestabilizar la institución.
“Lo que quieren es meterse en la institución, controlar los recursos de la institución. Y creen, equivocadamente, que los 11 mil estudiantes van a votar por ellos como borreguitos”
Finalmente, el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit sirve como precedente jurídico. Tras años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a dicha institución en octubre de 2026, limitando la capacidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales para intervenir en sus procesos internos.