Expió plazo para la primera evaluación técnica sobre la viabilidad del fracking en México por parte de expertos universitarios

El plazo de dos meses para la primera entrega de conclusiones del Comité Técnico Científico mexicano sobre la posible implementación de la fractura hidráulica (fracking) ha concluido. El grupo, integrado por 17 especialistas de instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM y la UANL, fue convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum en abril para evaluar la factibilidad técnica, ambiental y social de esta técnica extractiva.

Composición y mandato del comité

Este equipo multidisciplinario, presentado el 15 de abril en Palacio Nacional, incluye expertos en ingeniería petrolera, geología, tratamiento de aguas, sustentabilidad y contaminación atmosférica. Su tarea principal, según lo establecido por la mandataria, era analizar si existen condiciones para realizar fracking bajo criterios específicos y, en caso afirmativo, definir ubicaciones, tecnologías y mecanismos de consulta social.

Durante la presentación, Sheinbaum explicó que la expectativa era que el comité, aprovechando su experiencia previa, deliberara y en dos meses diera “una primera orientación”. La presidenta vinculó esta evaluación con el objetivo de reducir la dependencia energética de México, que actualmente importa el 75% del gas natural desde Estados Unidos, buscando alcanzar una mayor soberanía energética mediante la explotación doméstica de gas no convencional.

Cuestionamientos y aspectos en evaluación

Mientras se espera la entrega del informe, cuya fecha exacta no fue confirmada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación al cierre de esta información, organizaciones de la sociedad civil han expresado sus reservas. La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha sido enfática al señalar que la técnica no es solo un asunto técnico, sino una decisión política y de derechos humanos con impactos ambientales y sociales demostrados.

En un comunicado, el colectivo insistió en que “el ‘fracking’ debe prohibirse, no regularse o gestionarse”, argumentando que no existe un fracking “sustentable” o “responsable” que pueda mitigar dos décadas de evidencia sobre sus efectos negativos. Entre los impactos señalados está el alto consumo de agua, que puede llegar a entre 9 y 29 millones de litros por pozo, un riesgo particular para estados con estrés hídrico como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Perfiles académicos de los evaluadores

El comité está compuesto mayoritariamente por investigadores de universidades públicas nacionales. Entre sus integrantes destacan el Dr. Carlos Aguilar Madera, director de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Dra. Ana Paulina Gómora Figueroa, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la UNAM; y la Dra. Margarita Mercedes González Brambila, coordinadora de la Red de Energía y Medio Ambiente de la UAM.

La lista también incluye a especialistas de centros como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, cuyas áreas de conocimiento abarcan desde el tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos hasta la modelación de medios porosos y la geomecánica aplicada.

Las organizaciones ambientalistas han solicitado que las deliberaciones del comité sean públicas y que sus conclusiones puedan incluir, si el análisis lo determina, una recomendación al Estado mexicano para prohibir la técnica.