Morena busca desafuero de gobernadora de Chihuahua en medio de acusaciones de violación a la soberanía nacional

El partido Morena ha iniciado una petición para llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusando un “atropello a la soberanía nacional” debido a la participación de dos agentes de la CIA en una operación para desmantelar un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, donde ambos fallecieron en un accidente junto con policías mexicanos.

Denuncia por infracción legal

Ariadna Montiel, desde el partido oficial, denunció que en el estado se han infringido leyes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la columna señala que esta acción es vista como una estrategia de distracción ante los múltiples escándalos de corrupción y nexos del partido con el crimen organizado que han salido a la luz.

Crítica a la aplicación de la justicia

Se critica abiertamente el uso que Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación hacen de la justicia, parafraseando la frase de Benito Juárez para señalar que con los enemigos se aplican abusos e injusticias, mientras que con los amigos hay impunidad. La columna resalta la falta de empatía mostrada por la presidenta de la República y los miembros de Morena hacia los agentes que cumplían con su deber.

Contexto de inseguridad y denuncias internacionales

Mientras en Chihuahua se busca un juicio político, en entidades como Sinaloa, descritas como afectadas por la inseguridad y el dominio del crimen, no se observan acciones similares, pues las averiguaciones son frenadas. Esto, según el texto, motiva que líderes políticos de oposición, como Alejandro Moreno del PRI y Jorge Romero del PAN, acudan a instancias internacionales para denunciar los abusos, aunque se señala que fuera del país poco podrán hacer para obligar a hacer justicia dentro de México.

Errores estratégicos y responsabilidades

El texto atribuye estos movimientos a los errores estratégicos del gobierno heredado de Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo Claudia Sheinbaum, llegando al extremo de pedir la desaparición de poderes en Chihuahua, una medida que podría resultar contraproducente. Además, se apunta que la autorización para la presencia de los agentes extranjeros recaería en el gobierno federal, haciéndolo responsable de cualquier presunta violación a la soberanía.

Intento de desviar la atención

La columna argumenta que estas acciones buscan desviar la atención de otros casos sensibles, como el de Rocha Moya, el llamado ‘huachicol fiscal’, y los asesinatos de quienes denuncian actos de corrupción. Advierte que la comunidad internacional observa a México y que la etiqueta de “narcoestado” persistirá mientras no se encarcele a políticos corruptos vinculados al partido oficial.

Otras secciones de la columna

La columna también incluye breves notas bajo los epígrafes ‘Poderosos Caballeros’ y ‘Estado por Estado’. En el IPN, se menciona que el morenista Arturo Reyes Sandoval, exdirector, fue acusado penalmente por la Fundación Politécnico en 2025 por un presunto desvío de 277 millones de pesos para becas a empresas fantasma, lo que generó protestas estudiantiles y se señala una crisis financiera y académica en la institución.

En Baja California, se comenta la entrega de créditos a emprendedores por parte del alcalde Ismael Brugeño, vinculado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sugiriendo que es una acción con fines políticos de cara a una candidatura.

Finalmente, en una sección titulada ‘Responsabilidad y Gobernanza’, se destaca que Banorte, bajo el mando de Carlos Hank González, recibió un premio internacional por ser el mejor proveedor de financiamiento al comercio exterior en México.