Internacional
El desafío de los contrapesos frente a la corrupción en las instituciones del Estado
Recientes investigaciones por cohecho, fraude al fisco y tráfico de influencias en dependencias de la Junaeb, el Congreso Nacional y un tribunal de Santiago han reabierto el debate sobre la eficacia de los controles estatales para prevenir la corrupción. Estos hechos, que involucran a tres poderes distintos en procesos independientes, ponen en duda si los mecanismos actuales son suficientes para vigilar a los funcionarios públicos.
La situación plantea una interrogante fundamental sobre la supervisión de quienes ejercen la autoridad: ¿cómo se puede controlar a quienes poseen el poder de fiscalizar a otros? Este dilema, que tiene raíces en la filosofía política clásica, cobra relevancia ante la necesidad de asegurar que la ética individual no sea la única garantía contra el abuso de poder.
La importancia de la división de poderes y la fiscalización
En un sistema democrático, la estabilidad depende de la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del estado de derecho y la rendición de cuentas. Según la teoría política, la existencia de contrapesos es vital para evitar que cualquier autoridad se vuelva absoluta; como planteó Montesquieu, es necesario que el poder sea limitado por otro poder.
La ausencia de fiscalización en cualquiera de estas ramas —un Ejecutivo sin control legislativo o un Judicial sin revisión externa— genera una concentración de autoridad que debilita la gestión pública. Aunque en ocasiones estos mecanismos de control se perciben como obstáculos para la administración, su función esencial es prevenir excesos, incluso de aquellos funcionarios con amplio respaldo electoral o buenas intenciones.
El rol de la sociedad y la prensa en la vigilancia
La vigilancia ciudadana, ejercida a través del voto, la protesta y la participación en organizaciones de la sociedad civil, actúa como un observador crítico de las autoridades. De igual forma, la prensa libre desempeña un papel crucial al investigar y denunciar irregularidades, enfrentando a menudo tensiones cuando sus hallazgos incomodan a los sectores en el poder.
Para garantizar que los recursos públicos se utilicen con transparencia, es indispensable contar con auditorías, oficinas de ética y órganos de control interno. La responsabilidad de los líderes debe ser respondida ante la ciudadanía, entendiendo que la obligación ética de un funcionario debe ser proporcional al poder que ostenta.
