Defensoría del Pueblo exige que el ingreso de la fuerza pública a las universidades sea solo en casos excepcionales

La Defensoría del Pueblo determinó que la entrada de las fuerzas de seguridad a los campus universitarios debe ser una medida de carácter excepcional y estar respaldada por situaciones específicas para no vulnerar los derechos fundamentales. Esta postura surge tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre la creación de un protocolo que busca regular cómo deben actuar las autoridades dentro de los centros de educación superior.

El organismo subrayó que el nuevo reglamento debe distinguir claramente entre el derecho a la protesta legítima y escenarios de crisis. Según la entidad, la intervención policial solo se justificaría ante hechos de flagrancia, situaciones de violencia, peligros inminentes o alteraciones graves al orden público.

Criterios para la intervención de las autoridades

La Defensoría detalló que, en casos de flagrancia, la fuerza pública podría actuar sin necesidad de un permiso previo de las autoridades de la universidad. Sin embargo, enfatizó que ante actos de violencia, la respuesta estatal debe ser selectiva y dirigirse únicamente contra quienes cometen delitos, evitando afectar de forma generalizada al resto de la comunidad universitaria.

Asimismo, el comunicado advierte que actividades como las asambleas de estudiantes, la deliberación académica, las protestas pacíficas o cualquier manifestación de disenso político no son motivos suficientes para que las fuerzas de seguridad ingresen a los campus. La entidad insistió en que cualquier acción debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

Recomendaciones para el nuevo protocolo

Para evitar interpretaciones subjetivas que deriven en abusos de autoridad, la Defensoría solicitó que el Gobierno defina con precisión los supuestos bajo los cuales se permitirá la entrada de la fuerza pública. En contextos de movilización, la institución propuso que se priorice el diálogo, la mediación y la persuasión antes que el uso de la fuerza.

Finalmente, se recomendó que la intensidad de cualquier operativo sea proporcional al riesgo detectado y que, siempre que sea posible, exista una comunicación constante con las autoridades de cada universidad. La Defensoría también hizo un llamado para que este protocolo se diseñe mediante un proceso participativo, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia establecidos en la Sentencia STC7641 de 2020.