La Universidad de Costa Rica rechaza reducción de presupuesto y evalúa impugnación legal

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica expresó su rechazo a una propuesta legislativa que busca recortar ₡8,048 millones (aproximadamente 17.7 millones de dólares) al presupuesto de las universidades públicas. Ante esta situación, la máxima autoridad de la institución solicitó estudiar la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, argumentando que la medida vulnera acuerdos financieros pactados previamente con el Gobierno.

Esta postura fue ratificada durante la sesión ordinaria número 7038, llevada a cabo el 27 de octubre de 2026. El conflicto surge tras las iniciativas promovidas en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las cuales pretenden modificar el proyecto de presupuesto nacional para el año 2027.

Impacto en la vida académica y social

Las autoridades de la Universidad de Costa Rica advirtieron que la disminución de estos fondos, que pertenecen al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), pone en riesgo la operatividad y la planeación de las instituciones de educación superior. Entre las consecuencias potenciales se encuentran afectaciones en el acceso y la permanencia de los estudiantes, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, el fortalecimiento de las sedes en regiones y los proyectos de acción social.

El dinero en disputa forma parte de compromisos establecidos el 20 de noviembre de 2025, cuando la Comisión de Enlace —conformada por académicos y funcionarios del Gobierno— acordó la recuperación de montos pendientes correspondientes a los años 2020 y 2021. La institución señaló que cambiar estos términos genera una gran incertidumbre sobre el futuro de sus proyectos.

De igual forma, representantes de las cinco universidades estatales del país señalaron que este recorte podría impactar directamente en servicios esenciales como becas, residencias, comedores, atención médica y diversos programas académicos, con un efecto mayor en las comunidades situadas fuera de la Gran Área Metropolitana.

Contexto legislativo y posible vía judicial

La reducción presupuestaria fue impulsada por el oficialismo mediante la moción número 16 del expediente legislativo 25,754. Los fondos que se pretenden recortar serían transferidos al Ministerio de Educación Pública (MEP) para cubrir contribuciones patronales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Por su parte, el Consejo Universitario instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a detener esta medida y asegurar el cumplimiento de los fondos asignados, basándose en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica, los cuales protegen la autonomía universitaria y su financiamiento.

Finalmente, la universidad pidió que, en conjunto con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se analice la viabilidad de acudir a la Sala Constitucional para cuestionar la legalidad de este movimiento. En este contexto, legisladores del Frente Amplio ya han planteado una consulta de constitucionalidad para proteger los recursos destinados a la educación superior.