Demanda civil contra la Universidad Cornell por presunta agresión sexual grupal en una fraternidad

Una exestudiante de la Universidad Cornell interpuso una demanda civil contra la institución y varios individuos tras denunciar haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de siete miembros de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. El proceso judicial ha vuelto a la luz pública en septiembre de 2026, generando una fuerte controversia sobre las sanciones aplicadas por la universidad y la falta de cargos penales iniciales.

La demandante, identificada como Jane Doe, sostiene que los hechos ocurrieron en la casa de la fraternidad en Ithaca, Nueva York, luego de que fuera presionada para consumir sustancias como marihuana, alcohol y lo que ella cree que era ketamina. Según la acusación, las agresiones se prolongaron durante la madrugada y fueron facilitadas por mensajes enviados a través de la aplicación Snapchat, los cuales ahora forman parte de las pruebas presentadas.

Controversia por las sanciones universitarias

Uno de los puntos más críticos del caso es la naturaleza de los castigos impuestos por la Universidad Cornell. Mientras que la defensa de la joven afirma que algunos de los implicados pudieron mitigar sus sanciones mediante la redacción de ensayos, la institución ha desmentido esta versión. La universidad aseguró que las medidas disciplinarias incluyeron suspensiones y expulsiones, y enfatizó que a ningún estudiante se le permitió presentar un escrito como única consecuencia de sus actos. Además, la institución informó que la fraternidad Chi Phi fue clausurada y vetada tras la investigación interna.

Los hombres señalados en la demanda son Matthew Ingalls, Johnathan Lee, Johnathan Newell, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Varios de ellos, a través de sus abogados, han negado rotundamente haber participado en actos de violencia sexual.

Reapertura de la investigación criminal

Aunque la Fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos en 2024 —argumentando que la declaración original no demostraba la falta de consentimiento o el uso de fuerza—, el panorama ha cambiado con la aparición de nuevas evidencias. El fiscal Matthew Van Houten anunció que reabrirá la investigación criminal para evaluar las capturas de pantalla de Snapchat y otras pruebas que no fueron consideradas inicialmente.

El caso ha escalado a nivel estatal, provocando que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, solicite una auditoría externa e independiente para verificar si la Universidad Cornell cumplió con sus protocolos de respuesta. La universidad ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades en este proceso de revisión.