Convocan huelga en universidades públicas de Madrid para los días 4 y 5 de noviembre por falta de presupuesto

La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública ha anunciado dos jornadas de paro para los próximos 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de la región de Madrid. La movilización, que involucra a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, busca denunciar la insuficiencia de recursos económicos y cuestionar el actual plan de financiación presentado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

El conflicto surge como una respuesta al acuerdo de inversión plurianual pactado en marzo de 2026, el cual contempla 14.800 millones de euros hasta el año 2031. Aunque la administración local calificó este pacto como un avance histórico para el sector educativo, los sectores universitarios consideran que las condiciones impuestas y la cantidad de fondos no son suficientes para atender los problemas estructurales de las instituciones públicas.

Cuestionamientos al plan de inversión

Los promotores de la huelga señalan que el presupuesto asignado no resuelve la crisis de financiamiento y advierten sobre un posible fortalecimiento de la educación privada en la zona. Según la organización, el cálculo del acuerdo incluye aportaciones que deben realizar las propias familias y condiciona el dinero al cumplimiento de objetivos específicos por parte de los campus.

Durante una rueda de prensa en la Universidad Autónoma, los representantes de la Coordinadora calificaron el compromiso como una

“estafa”

y señalaron responsabilidades tanto al Partido Popular como a la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA). Además, destacaron que el gasto en educación en la región se mantiene en un 0,4% del PIB, una cifra muy alejada del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Impacto en la comunidad universitaria

La red de universidades públicas madrileñas atiende a cerca de 220.000 alumnos, por lo que la gestión de estos recursos es vital para la calidad de la enseñanza, la investigación y el mantenimiento de instalaciones. Los manifestantes argumentan que una universidad pública debilitada financieramente podría incrementar la brecha de desigualdad, dificultando el acceso a la educación para quienes no pueden costear opciones privadas.

Como parte de las acciones previas al paro, se ha programado una concentración el 28 de octubre frente a la Consejería de Educación. Asimismo, se llevará a cabo la iniciativa “Uni en la calle”, donde profesores realizarán actividades fuera de los campus para visibilizar la labor social de las instituciones públicas ante la ciudadanía.