Memoria y exigencia de justicia tras el estallido social en Chile según opinión de Radio Universidad de Chile

A siete años del estallido social en Chile, surge una postura crítica que rechaza los intentos de reducir las manifestaciones de octubre de 2019 únicamente a actos de violencia. El análisis sostiene que estas narrativas buscan invisibilizar las causas profundas del movimiento, como la desigualdad y la falta de acceso a derechos sociales, además de promover la criminalización de la protesta pacífica.

La columna de opinión subraya que el descontento social no fue un evento espontáneo de vandalismo, sino una respuesta a años de abusos, pensiones insuficientes y carencias en servicios de salud, vivienda y oportunidades para estudiantes. Se destaca que, si bien existieron saqueos y actos violentos que no deben justificarse, el núcleo del movimiento fue una ciudadanía organizada que buscaba la construcción de un país más justo.

Desigualdad en la aplicación de la justicia

Uno de los puntos centrales de la crítica es la disparidad en el trato judicial entre los manifestantes comunes y los agentes del Estado. Mientras que los delitos cometidos por civiles han recibido sentencias rápidas, la violencia ejercida por fuerzas de seguridad y militares presenta cifras alarmantes de impunidad.

De acuerdo con la información presentada, existen más de 11 mil denuncias por violencia estatal, pero apenas el 1,9% de ellas ha derivado en condenas. Actualmente, solo 14 personas cumplen penas de cárcel por estos hechos, lo que evidencia una brecha significativa en la rendición de cuentas de las instituciones de orden.

Defensa de la protesta como derecho humano

El texto enfatiza que la protesta pacífica es un derecho humano protegido por estándares internacionales y no una concesión que el Estado pueda retirar. Se advierte que el enfoque exclusivo en la violencia de algunos sectores permite que se relativice la violencia institucional, que incluye casos de tortura, mutilaciones y agresiones sexuales por parte de funcionarios.

Finalmente, se hace un llamado a mantener una memoria honesta que no idealice el pasado pero que tampoco permita el olvido forzado de las demandas sociales. Hacer memoria se plantea como una herramienta para proteger a las futuras generaciones y asegurar que el ejercicio de los derechos fundamentales no sea reprimido por agendas autoritarias.