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Gobierno de Guanajuato presenta documento insuficiente bajo el nombre de atlas de riesgo para periodistas
El gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo, dio a conocer recientemente un documento denominado ‘Atlas de riesgo 2025-2026’ para el ejercicio del periodismo, el cual ha sido calificado como inútil por su falta de información sustancial para la protección de los comunicadores.
Antecedentes de compromisos incumplidos
La iniciativa de crear un atlas de riesgo para periodistas surgió tras una reunión histórica del pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores el 17 de mayo de 2017, realizada en Los Pinos, en respuesta a los asesinatos de periodistas como Javier Valdez y Miroslava Breach. El compromiso, que incluía identificar zonas de peligro, agentes agresores y vulnerabilidades, sigue sin cumplirse nueve años después. Un primer borrador elaborado por el Mecanismo de Protección del entonces Distrito Federal fue ignorado y archivado por las autoridades posteriores.
Crítica al documento actual
El atlas presentado por el Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Guanajuato, dirigido por Sergio Jaime Rochín del Rincón, se reduce a un simple recuento de agresiones, número de casos y municipios con incidentes reportados. El autor del artículo, quien conoce a Rochín desde su labor en el IPN y la CEAV, señala que el documento público no identifica factores de riesgo, grupos criminales operativos, su capacidad, nexos con autoridades, vulnerabilidades específicas o estrategias de coordinación entre gobiernos.
Falta de información crucial
El sitio web asociado al proyecto incluye un ‘acceso institucional’ restringido a funcionarios, lo que deja en la incertidumbre si allí se encuentra la información completa de un verdadero instrumento de protección. Mientras tanto, los periodistas en Guanajuato y otras entidades continúan intercambiando información entre colegas para evaluar los riesgos, ante el incumplimiento generalizado de los acuerdos asumidos en 2017 por los gobiernos estatales.
