Auditoría Superior de la Federación presenta denuncias penales contra funcionarios públicos por daños patrimoniales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto 21 querellas penales por presuntas irregularidades que habrían dañado el patrimonio federal en más de 600 millones de pesos, involucrando a dependencias de los tres órdenes de gobierno y a universidades públicas.

Acusaciones contra diversos organismos

Las denuncias, formalizadas el 26 de junio, son las primeras impulsadas por el nuevo auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y se derivan de auditorías a las cuentas públicas del periodo 2020-2024. Las investigaciones abarcan a instituciones federales, gobiernos estatales y ayuntamientos donde se identificaron posibles anomalías.

Entre las entidades señaladas se encuentran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con tres denuncias; Talleres Gráficos de México; el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; y los ayuntamientos de Valle de Bravo y Donato Guerra en el Estado de México, así como los municipios de Alvarado en Veracruz, Matehuala en San Luis Potosí y Maravatío en Michoacán.

Determinación de responsabilidades

El auditor superior explicó que la estrategia consiste en presentar las denuncias cuando existan elementos suficientes para presumir un posible delito. “Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”.

Añadió que este nuevo modelo busca evitar dilaciones en las investigaciones y permitir una actuación más oportuna de las autoridades encargadas de procurar justicia. La ASF no determinó responsabilidades individuales, ya que esa labor corresponderá a las investigaciones ministeriales.

Observaciones administrativas adicionales

Adicionalmente, la ASF informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre la presentación de 30 expedientes relacionados con posibles faltas administrativas graves. Las observaciones incluyen contrataciones públicas presuntamente indebidas, posibles acuerdos entre empresas participantes, colusión en procesos de contratación y otras irregularidades detectadas durante las auditorías.

Estas conductas podrían derivar en sanciones administrativas conforme avancen los procedimientos correspondientes. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la ASF para denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cualquier probable delito detectado.

La legislación también establece que la institución debe colaborar con la autoridad investigadora durante todo el proceso penal. Con estas acciones, la ASF busca fortalecer la fiscalización del gasto público, agilizar el combate a posibles actos de corrupción y garantizar una mayor rendición de cuentas en las instituciones públicas del país.