Crítica al silencio del gobierno de Kast frente a la conmemoración del Golpe de Estado en Chile

La administración de Gabriel Boric ha optado por no realizar actos oficiales con motivo de la conmemoración del Golpe de Estado de 1973, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por su carga política e ideológica. Aunque las autoridades argumentan que buscan fomentar la unidad nacional y enfocarse en el futuro para evitar la división social, el silencio oficial es interpretado como un intento de separar la noción de derechos humanos de la violencia ejercida por el Estado.

El análisis de la situación sugiere que esta postura no es neutral, sino un cálculo político para reducir los costos internos de la gestión. En un escenario de baja aprobación, cualquier postura definida respecto al golpe de Estado podría intensificar las divisiones dentro del propio oficialismo y afectar la imagen del país en el exterior.

Implicaciones en materia de derechos humanos

El silencio gubernamental ocurre en un contexto donde se percibe un debilitamiento de los avances en derechos humanos. La ausencia de una postura activa frente a la conmemoración del 11 de septiembre se analiza como una estrategia para evitar el conflicto político, pero sin resolver las deudas históricas en temas de verdad, justicia y reparación. Mientras persistan personas detenidas desaparecidas y responsables sin juicio, el intento de cerrar heridas mediante el silencio resulta insuficiente.

Además, la columna señala que la falta de una posición clara permite que sectores de la derecha sigan justificando la dictadura. Se menciona como ejemplo las declaraciones del diputado Luis Sánchez, quien equiparó a las familias de la dictadura con las víctimas de la reforma agraria, una comparación que sugiere una visión donde el terrorismo de Estado se percibe como una respuesta proporcional a los cambios sociales de la época.

La memoria frente a la unidad nacional

Finalmente, se sostiene que la verdadera unidad nacional no puede edificarse sobre el olvido o la falsa equivalencia entre un sistema democrático y una dictadura. Reconocer el pasado es visto como una herramienta necesaria para identificar las prácticas que permitieron el quiebre democrático y asegurar que no se repitan, en lugar de una forma de permanecer anclado en él.